La ley del tabaco echa a andar hacia un Congreso con humo
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de julio el proyecto de ley del tabaco, que será remitido a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria. El texto, cuya primera versión como anteproyecto había recibido el visto bueno inicial del Gobierno en septiembre de 2025, modifica la Ley 28/2005 y constituye, según Sanidad, la actualización más relevante de la normativa estatal en más de un decenio.
La reforma amplía los espacios sin humo a terrazas de hostelería, playas, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales y espectáculos al aire libre; prohíbe por primera vez el consumo —y no solo la venta— a menores; equipara los cigarrillos electrónicos al tabaco en los espacios donde esté vetado fumar, y confina la venta de productos relacionados a tiendas especializadas sin publicidad visible desde el exterior. Añade además un perímetro de protección de 15 metros alrededor de centros educativos, sanitarios y otros espacios sensibles, y contempla multas a partir de 200 euros. Queda fuera el empaquetado genérico: Sanidad y Sumar aspiran a introducirlo por enmienda en el Congreso, sin que el PSOE lo haya respaldado hasta ahora.
La acogida de la oposición ha sido gélida. El PP condiciona el sentido de su voto a conocer el contenido definitivo, y su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, ha cuestionado el procedimiento seguido por el Gobierno; fuentes populares comparten endurecer las restricciones del vapeo a menores, pero dudan del impacto de la prohibición en terrazas sobre la hostelería. Junts, por boca del diputado Josep Maria Cruset, despachó la norma como «solo un titular del Gobierno de los socialistas» y avisó de que no fijará posición hasta conocer el articulado.
El pronóstico es incierto. La ley necesita el sí de todo el bloque de la investidura, con Junts y PNV enfriando expectativas, y el reto añadido de llegar al BOE antes de que expire la legislatura, en julio de 2027. Mientras, Hostelería de España ha iniciado una ronda de contactos con los grupos para modificar la norma durante su tramitación. Con aritmética frágil, calendario ajustado y presión sectorial, la reforma tiene recorrido posible, pero nada garantizado.
El Consejo de Ministros aprobó el 21 de julio el proyecto de ley del tabaco, que prohíbe fumar y vapear en terrazas, playas y estadios. PP y Junta evitan comprometer su voto y la tramitación parlamentaria se anuncia cuesta arriba.
«Hay que esperar a la revisión de las directivas» La Directiva de Productos del Tabaco regula la fabricación, presentación y venta de los productos; nada dice sobre dónde puede fumarse. Eso es competencia nacional, y la propia Comisión ha reconocido que carece de competencias directas. Esperar la revisión de una directiva que no regula las terrazas no es prudencia jurídica: es dilación. Europa ya se ha pronunciado: la Recomendación del Consejo de 3 de diciembre de 2024 sustituyó a la de 2009 y extendió los entornos libres de humo y aerosoles a terrazas de bares y restaurantes, paradas de autobús, parques infantiles o instalaciones deportivas. La aprobaron por unanimidad los Estados Miembros, España incluida.
«España sería una excepción en Europa». Falso. Suecia prohíbe fumar en las terrazas de bares y restaurantes desde 2019 y Bélgica lo hará desde enero de 2027, con diez metros de perímetro incluidos; Lituania y Letonia aplican restricciones parciales. Seríamos el tercer país de la UE, no una rareza.
«Existe una buena convivencia en las terrazas». No lo confirman ni los aparatos de medida ni los clientes. El estudio europeo coordinado desde la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) (López et al., PLoS ONE 2012) halló que en las terrazas semicerradas de locales sin humo la nicotina superaba la del interior. La propia López, en Gaceta Sanitaria (2024), observó 120 terrazas barcelonesas: en el 97,5% había alguien fumando y la ley se incumplía en el 100% de aquellas donde estaba prohibido. El informe de la ASPB de mayo, sobre 180 terrazas, lo confirma: nicotina ambiental en el 85 %, el doble en las semicerradas que en las abiertas y niveles más altos en los barrios pobres. El 94 % de los usuarios se siente expuesto al humo y el 57% apoya la prohibición. Esa es la «convivencia» entre el 20% que fuma y el 80% que no.
Bulos con humo: la hostelería repite el guion escrito por la tabacalera
«El humo se desplazará a los hogares». Es la profecía más desmentida de nuestra historia sanitaria. El estudio de cotinina salival del ICO-IDIBELL midió una caída cercana al 90% en la exposición de los no fumadores y concluyó que quienes ya no podían fumar en público también dejaron de hacerlo en casa. En Galicia, la exposición doméstica bajó y luego se mantuvo estable. El balance de catorce años de ley (Atención Primaria, 2020) es rotundo: más del 90% de reducción en locales de ocio, sin impacto negativo en el hogar.
«La ruina del sector». En Zaragoza, Córdoba y colaboradores midieron un 91% menos de partículas tras la Ley 42/2010. Los bares no cerraron. Y las revisiones sistemáticas coinciden: los estudios que hallan pérdidas económicas están casi siempre financiados por la industria.
Señorías: cuando reciban el proyecto, pidan las mediciones y escuchen a quienes las hicieron. Y tengan presente que Hostelería de España cuenta entre sus colaboradores oficiales con Philip Morris Spain y la Mesa del Tabaco. El artículo 5.3 del Convenio Marco no les pide desconfianza, solo transparencia. Legislen atendiendo a quien mide el aire, no a quien vende el humo.
Cada vez que España avanza contra el tabaco, la patronal hostelera anuncia una catástrofe que nunca llega. Esta vez dice que en las terrazas hay buena convivencia y que el humo se irá a casa. Los datos dicen otra cosa.
García defiende la nueva ley del tabaco: «Si no hay salud, no hay economía»
La Ministra de Sanidad, Mónica García, defendió en una entrevista a El País el proyecto de nueva ley del tabaco, recién aprobado por el Consejo de Ministros, y lo presentó como una «gran victoria» comparable a la ley pionera de 2010. La norma inicia ahora su tramitación en el Congreso, donde necesita el apoyo del PP y Junts, con quienes aún no ha habido contacto. García confía en que prime «la responsabilidad» frente a las «lógicas partidistas» y respondió con ironía a Feijóo, que calificó la ley de «cortina de humo» divisiva: «No sé si se refiere a que dividirá a los que quieren tener cáncer y los que no».
La Ministra recordó los datos que sustentan la norma: 50.000 muertes anuales —140 al día— y un 30% de los tumores atribuibles al tabaco. Defendió la prohibición de fumar en terrazas como motivo de orgullo, alineada con la recomendación europea de 2024, y desmontó el argumento económico: los costes sanitarios triplican la recaudación fiscal y «no se pueden contraponer los intereses económicos de unas empresas concretas a la vida y salud de toda una población».
Sobre los vapeadores, equiparados al tabaco convencional, tachó de «engañoso» el discurso de la reducción de daños: si fueran herramientas de cesación se usarían bajo supervisión médica, mientras la industria los emplea para captar jóvenes. La prohibición de fumar a menores, con multas de 200 euros a los padres sustituibles por trabajos comunitarios, busca «concienciar, no recaudar».
García admitió dos renuncias tácticas: el empaquetado neutro, aparcado por discrepancias entre ministerios —«dudas» del PSOE que espera resolver en el trámite parlamentario—, y los vapeadores desechables, retirados a la espera del consenso europeo. El precio del tabaco, reconoció, es competencia de Hacienda, aunque la evidencia sobre su eficacia «es muy clara».
Mónica García repasa en El País las claves de la nueva ley del tabaco —terrazas sin humo, vapeadores equiparados, multas a menores— y anticipa las dos batallas parlamentarias pendientes: el empaquetado neutro y los desechables.
El Gobierno aprobó el pasado martes el proyecto de la nueva ley del tabaco, que prohíbe fumar a los menores y veta el consumo en terrazas, playas y campus universitarios, y la norma inicia ahora su tramitación en el Congreso. En este contexto, Armando Peruga, secretario de SALT, epidemiólogo del Instituto Catalán de Oncología (ICO) y antiguo gerente de la Iniciativa para Liberarse del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, concedió el 24 de julio una entrevista al diario El País en la que calificó el texto de avance real, aunque insuficiente: «Mientras no subamos los impuestos al tabaco y controlemos la oferta, seguiremos cojos».
Peruga lamentó la ausencia del empaquetado genérico, que atribuyó a la presión de una industria armada con argumentos interesados sobre supuestas destrucciones de empleo y auge del contrabando, y describió un desequilibrio institucional de fondo: Sanidad gestiona la reducción de la demanda, pero la herramienta más eficaz, la fiscalidad, y el control de la red de estancos —que ha crecido— dependen de Hacienda, que permanece al margen. Reprochó igualmente la pasividad de unas comunidades autónomas facultadas para ir más allá de la norma estatal.
El secretario de SALT valora en El País la nueva ley antitabaco
Sobre la equiparación de vapeadores y tabaco calentado con los cigarrillos convencionales, el secretario de SALT valoró la intención, pero exigió concretar la letra pequeña: dónde se venderán y si tributarán igual. Recordó que su aerosol también es nocivo y que el uso dual, mayoritario entre quienes vapean, eleva el riesgo sanitario.
Frente a las quejas de la hostelería por el veto en terrazas, replicó que la recomendación europea lo respalda, que la restricción aplicada durante la pandemia funcionó sin conflicto y que las corrientes de humo exponen a clientes y, sobre todo, a los trabajadores: un asunto, subrayó, de salud laboral. Desmintió además los augurios catastrofistas: los estudios posteriores a la ley de 2010 no hallaron pérdidas económicas, y el 80% de la población no fumadora podría incluso frecuentar más las terrazas.
Peruga prevé que la norma reduzca el consumo y descartó una prohibición súbita del tabaco: ante una adicción, defendió, la transición debe ser gradual y planificada.
Armando Peruga, secretario de SALT, epidemiólogo y exresponsable de la iniciativa antitabáquica de la OMS, analiza en una entrevista con El País el proyecto de ley del tabaco: un avance que quedará incompleto sin fiscalidad.
La Agencia Estatal de Salud Pública ya tiene sede; ahora necesita dientes contra el tabaco
El Consejo de Ministros ha designado a Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), creada por la Ley 7/2025 tras años de espera. Desde SALT damos la bienvenida a una decisión que descentraliza una institución llamada a ser el cerebro técnico-científico de la salud pública española. Pero conviene no confundir el edificio con la obra: la Agencia valdrá lo que valgan sus funciones, y estas se están decidiendo ahora, en el Real Decreto del Estatuto que el Gobierno tramita por vía de urgencia. Ahí es donde el tabaco —primera causa evitable de muerte en España, con cerca de 50.000 fallecimientos anuales— se juega su sitio.
La ley encomienda a la AESAP la coordinación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, la evaluación y comunicación de riesgos y las funciones técnico-científicas del Ministerio de Sanidad. Nada de ello tendrá pleno sentido si el tabaco y la nicotina no figuran expresamente en su programa de trabajo. Por eso SALT propone que el Estatuto y los primeros planes de la Agencia incorporen cinco compromisos concretos.
Primero, una vigilancia integral y estable del consumo y de la exposición: encuestas periódicas armonizadas en adultos y jóvenes, monitorización del humo ambiental —también en las terrazas y espacios exteriores que regulará la nueva ley del tabaco—, seguimiento de los productos emergentes (vapeadores, bolsitas de nicotina, tabaco calentado) y herramientas objetivas como la epidemiología de aguas residuales aplicada a la nicotina.
Segundo, vigilar también al vendedor, no solo al producto: un observatorio del mercado y de la conducta de la industria —precios, asequibilidad, publicidad encubierta en redes, patrocinios académicos y presión regulatoria— que dé soporte real al artículo 5.3 del Convenio Marco de la OMS.
Tercero, evaluación independiente de las políticas. La nueva ley del tabaco necesitará ser evaluada con rigor y sin intermediarios interesados, y el informe anual que la Agencia debe presentar a las Cortes es el lugar natural para un capítulo permanente de indicadores de control del tabaquismo.
Cuarto, ciencia regulatoria propia: capacidad de laboratorio de referencia para verificar emisiones, contenidos y aditivos de los productos de tabaco y nicotina, como ya hacen los Países Bajos o Francia. No se puede regular lo que no se puede medir.
Y quinto, comunicación de riesgos a la altura del adversario: campañas basadas en evidencia y respuesta activa a la desinformación con que la industria disfraza de «reducción de daños» su estrategia de captación de nuevas generaciones.
Todo ello exige una condición transversal: que el Estatuto codifique reglas explícitas de transparencia y conflicto de interés en cualquier interacción de la Agencia con la industria tabacalera, algo que ninguna estructura estatal española tiene hoy por escrito.
Zaragoza puede ser mucho más que una sede. Puede ser el lugar desde el que España construya, por fin, una capacidad estatal de vigilancia y evaluación que trate al tabaco como lo que es: no un asunto residual del pasado, sino la mayor epidemia evitable del presente. SALT estará vigilante para que el Estatuto no se esfume esa oportunidad.
SALT celebra que Zaragoza acoja la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, pero advierte: lo decisivo no es el código postal sino el Estatuto, que debe blindar la vigilancia, la evaluación y la independencia frente a la industria tabacalera.
Durante casi un siglo medir el tabaquismo fue sencillo porque nicotina y tabaco eran sinónimos: el cigarrillo era el producto universal y vigilar consistía en contar quién fumaba. Ese andamiaje se vino abajo. La industria ha desacoplado la nicotina de la hoja y hoy la molécula circula en vapeadores, bolsitas orales, tabaco calentado y formulaciones sintéticas. Vigilar un catálogo de productos que se reinventa cada temporada sale caro: el paradigma se desplaza de vigilar productos a vigilar sustancias.
El análisis de aguas residuales es una técnica que promete objetividad. Nadie disimula ante el inodoro ni redondea a la baja los cigarrillos del fin de semana. La tentación de convertirla en patrón oro es tan grande como la de despacharla como curiosidad.
Conviene precisar qué mide. No cuenta fumadores: mide la masa de nicotina que absorbe cada día la población conectada a una depuradora. Y no vale medirla a secas —buena parte procede de colillas tiradas al fregadero e infla las cifras hasta diez veces—; hay que buscar cotinina e hidroxicotinina, que solo se fabrican en un hígado humano.
Este tipo de vigilancia ve moléculas, nunca productos. Encajan de lleno en el paradigma que hoy necesitamos y, a la vez, son ciegas a la distinción que sigue importando, porque el daño depende de por dónde entra la nicotina. Es contar
La alcantarilla no miente, pero no sabe quién fuma
coches sin separar diésel de eléctricos justo cuando cambia el parque. La química ofrece salida: anabasina y anatabina delatan la hoja curada; metabolitos como el 2CyEMA, la combustión.
Bien especificada, la técnica ve el desacoplamiento mientras ocurre. En Australia, entre 2017 y 2023, la nicotina total se mantuvo plana en las grandes ciudades mientras la de origen tabáquico caía un 5% anual; al cruzar ese desfase con las ventas legales, los autores estimaron incluso el tabaco ilícito. Ninguna encuesta produce eso.
Sus límites, en cambio, no son químicos. La carga es prevalencia por intensidad, y ambas resultan indistinguibles. No hay edad, ni sexo, ni renta: desaparece el gradiente social, que en Europa es casi todo el problema.
Es un termómetro excelente y un censo pésimo: dice muy bien hacia dónde va la fiebre y muy mal quién la tiene. Por eso la lista de analitos no es un detalle de laboratorio, sino una decisión política. Una norma que se limite a decir «nicotina» estará mandando medir el siglo pasado.
Chapotear en las alcantarillas en busca de nicotina: ¿patrón oro de la vigilancia o mera curiosidad? Para qué sirve —y para qué no— la epidemiología de aguas residuales en la era del desacoplamiento.
Fumar: el verbo que muchas leyes europeas no conjugan
Todas las leyes europeas prohíben fumar en espacios cerrados; pero casi ninguna dice qué es fumar. Solo Finlandia, Hungría, Rumanía, Irlanda, Suecia y las tres leyes del Reino Unido definen la conducta. Francia, España o Italia la dejan al sentido común. Y el sentido común, en derecho, sale caro.
Lo aprendió Renania del Norte-Westfalia. Su parlamento quería excluir el uso del cigarrillo electrónico en los ambientes libres de humo, pero no lo escribió en la ley. En 2014, un tribunal zanjó que vapear es vaporización, no combustión, y que por tanto no es fumar. Resultado: doce años sin poder impedir el vapeo en interiores.
La definición también decide qué hay que probar. El modelo británico, recomendado por las directrices del Convenio Marco de la OMS, incluye "estar en
posesión de tabaco encendido". Sin esa cláusula, el infractor siempre puede alegar que sostenía el cigarrillo pero no fumaba: la inhalación es imposible de probar; la posesión, en cambio, se fotografía.
Hay riesgos simétricos. La definición rumana, atada a la combustión del tabaco de cigarrillos, puros y pipas, excluye por diseño cada innovación de la industria. Definir bien —como Finlandia, que abarca "combustión u otra forma de calentamiento"— es decidir cuánto sobrevive la ley al próximo producto.
Solo una minoría de las 31 jurisdicciones europeas que examinamos (la UE , el Reino Unido, Noruega, Islandia y Suiza) define legalmente qué significa fumar. La omisión parece un tecnicismo, pero decide quién puede ser sancionado, qué debe probar un inspector y si el vapeo queda dentro o fuera de la prohibición.
Queremos escucharte: ENCUESTA
Queremos saber tu opinión ¿Cuál de las siguientes definiciones de fumar querrías ver en la legislación de España? Todas ellas son definiciones legales en algunos países.
Llevamos décadas respirando el humo de otros y todavía no nos poníamos de acuerdo en cómo llamarlo. Nuestra encuesta lo aclara: un 45% vota por humo de tabaco ajeno, que al menos deja claro de quién es la culpa. Un 40% sigue fiel a las reliquias de la traducción apresurada: humo ambiental de tabaco y humo de segunda mano (20% cada uno), como si el humo fuera un fenómeno meteorológico.
Resultado de nuestra encuesta
Y luego está el 15% creativo, que no vino a votar sino a fundar escuela: propone desde la forense inhalación forzada de humo ajeno hasta la casi jurídica exposición impuesta al humo ajeno. Pero el premio gordo es el humasco, palabro con hechuras de quedarse. Si la RAE no lo adopta, peor para la RAE. El humo, mientras tanto, sin pedir permiso nos hace daño.
El humo de los demás busca nombre y aparece el "HUMASCO"
Elsa y Anna, dos jóvenes artistas, apoyan un mundo sin humo
Elsa y Anna, dos artistas tan jóvenes como imparables, llegan con sus cuadernos, pinceles y un montón de ocurrencias para contarnos algo importante: en los cuentos la magia funciona mejor cuando el aire está limpio.
Entre princesas que se ríen, hadas que vuelan sin apestarse las alas y algún hechizo, ellas demuestran que los mundos fantásticos también necesitan aire fresco para brillar.
Un aplauso enorme para Elsa y Anna por su creatividad, su energía y su apoyo a un mundo sin humo. Y ahora… ¡enviadnos vuestros dibujos! Ellas están deseando verlos.
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Ultima actualización: mayo 2026
