Elecciones del 29N: lo que el control del tabaco no puede perder
El La convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre se cobra una víctima en el control del tabaco: la reforma de la Ley 28/2005. Aprobado en julio, el proyecto caduca con la disolución de las Cortes sin cerrar siquiera el plazo de enmiendas. Con él caen la extensión de los espacios sin humo a las terrazas y el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo.
Conviene ser realistas. Con un Congreso nuevo en diciembre y una investidura incierta, difícilmente volverá un texto a la Cámara antes de la primavera de 2027. Y con otra aritmética: el principal partido de la oposición quiere endurecer la venta de vapeadores a menores, pero recela de las terrazas. La batalla por los espacios al aire libre habrá que librarla de nuevo, y con mejores argumentos.
Al alcance del Gobierno quedan dos reales decretos que no pasan por las Cortes. El primero modifica el Real Decreto 579/2017 para restringir los sabores de los cigarrillos electrónicos, limitar la nicotina de las bolsas y regular las hierbas para calentar. Tras casi un año de bloqueo interno, está en el Consejo de Estado. Es la medida que antes protegería a los adolescentes.
El segundo es el Estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública, con sede en Zaragoza. Su aprobación acumula meses de retraso y, sin estatuto, la agencia solo existe en el BOE. Debe aprobarse, pero bien: con un lugar propio para la vigilancia del tabaquismo y blindado frente a la injerencia de la industria, como exige el artículo 5.3 del Convenio Marco.
El calendario es endiablado. El último Consejo de Ministros ordinario antes de las urnas será, previsiblemente, el del 24 de noviembre; un Gobierno en funciones que apruebe normas de calado se expone a recursos. El Consejo de Estado debería dictaminar con urgencia, y Sanidad, incorporar al expediente las alegaciones de la sociedad civil.
Prisa no es improvisación. Un decreto con un expediente débil es un regalo para los abogados de la industria. El tabaco causa más de 50.000 muertes al año en España: merece normas que resistan en los tribunales, gobierne quien gobierne.
La disolución de las Cortes entierra la reforma de la ley antitabaco, pero no todo está perdido. Antes del 29 de noviembre, el Gobierno todavía puede aprobar dos reales decretos decisivos. Sería un error imperdonable dejar escapar la última oportunidad.
Los programas para las elecciones del 29 de noviembre aún no se conocen. En 2023, según el análisis que Nofumadores.org difundió durante la campaña, el tabaco fue «el gran ausente»: solo PSOE, PP, Vox y Sumar lo mencionaban, con propuestas escasas. Mientras, solo hay declaraciones Casi todas sobre el proyecto de ley de modificación de la Ley 28/2005, el que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de julio.
El PSOE defiende el proyecto. Su diputada Carmen Andrés (PSC) dijo al Diari de Tarragona que fumar es una decisión personal que no debe afectar a la salud de los demás. En abril se aprobó en comisión, pactada con el PP, su proposición no de ley para limitar la venta de vapeadores y bolsas de nicotina a canales autorizados y prohibirla por internet. Pero las reticencias socialistas dejaron el empaquetado NEUTRO fuera del texto, según ConSalud y Redacción Médica. Y en abril de 2025 su diputada canaria Dolores Corujo destacó en el Congreso la importancia estratégica de la industria tabaquera para las islas (Europa Press).
Sumar. En abril de 2024, a los pocos meses de llegar al ministerio, Mónica García logró que el Consejo Interterritorial aprobara el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027. El plan había permanecido en un cajón durante los mandatos de Carolina Darias y José Miñones, y sentó las bases de la reforma legal. Durante la tramitación parlamentaria, Sumar, socio de Gobierno al que corresponde el Ministerio de Sanidad, preveía reintroducir mediante una enmienda el empaquetado neutro, que había quedado fuera del proyecto.
La ministra también ha mantenido una posición firme frente a los nuevos productos de nicotina: sostiene que no hay evidencia de que los dispositivos alternativos reduzcan la adicción (El Debate, 2025). En esa línea, hace unos días firmó, junto con sus homólogos de otros siete países de la UE, una carta dirigida al comisario europeo de Salud, Olivér Várhelyi, en la que se solicita una moratoria a la entrada en el mercado de nuevos productos de nicotina.
Así se posicionan los partidos en control del tabaco
PP. Alberto Núñez Feijóo llamó al proyecto «cortina de humo» e «improvisación» y criticó que no se consultara a las comunidades autónomas (Diari de Tarragona). La propuesta propia más concreta del PP es una moción aprobada en la Comisión de Sanidad del Senado en noviembre de 2024: campañas para menores, regulación específica de las bolsas de nicotina y venta limitada a estancos o establecimientos autorizados. Su texto original apela a las «decisiones personales informadas» y pide evidencia sobre la «mitigación del riesgo» de los nuevos productos, vocabulario de la reducción de daños que promueve la industria (Senado, Redacción Médica).
Vox lo rechaza de plano: «Esta ley no reduce el consumo: reduce la libertad», según fuentes del partido citadas por Redacción Médica. Votó contra la proposición de abril y en 2024 propuso vetar en el Senado la reforma fiscal que gravaba los líquidos de vapeo.
Entre los socios, ERC vio el proyecto como un «punto de partida», aunque advierte que las competencias son una línea roja; el PNV iba a analizarlo «paso a paso». Junts no fijó posición: Josep Maria Cruset lo tachó de titular para tapar la corrupción, y se abstuvo en la votación de abril (Diari de Tarragona, Redacción Médica, El Plural). Del BNG y EH Bildu no consta postura pública.
La próxima legislatura empezará de cero.
Los programas para las elecciones del 29 de noviembre aún no se conocen. Ante las elecciones Esfumatrón repasa qué han dicho hasta ahora PSOE, Sumar, PP, Vox y los socios parlamentarios, y cuándo lo dijeron.
El control del tabaco cierra la legislatura con más anuncios que normas
La reforma de la Ley 28/2005 vuelve al cajón. Sánchez disolvió las Cortes el 5 de octubre y convocó elecciones para el 29 de noviembre. Decae así el proyecto aprobado el 21 de julio, que apenas se movió en el Congreso. Es la segunda legislatura seguida que acaba igual: en 2023 el texto ni siquiera llegó a las Cortes.
El Gobierno deja algunos logros, casi todos por iniciativa propia. Sanidad sacó adelante el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, que ninguna norma europea exigía. Unas enmiendas del PSOE a la reforma fiscal crearon el impuesto sobre líquidos de vapeo y bolsas de nicotina, que la directiva europea no cubre. La citisiniclina pasó a estar financiada. Lo único que llegó por imperativo comunitario, el RD 47/2024 sobre tabaco calentado, se aprobó con seis meses de retraso.
El gran tropiezo es el real decreto que restringe los sabores. Aprobado en primera vuelta en septiembre de 2025, superó la notificación a Bruselas sin objeciones de fondo de la Comisión. Después quedó parado un año en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, sin razón sanitaria conocida, según Nofumadores.org. Llegó al Consejo de Estado a finales de septiembre con un informe de Hacienda que objeta el empaquetado genérico, materia que el decreto no regula.
Otras medidas se cayeron. El empaquetado neutro salió del decreto y del proyecto de ley por el choque entre PSOE y Sumar, tras un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI) que le atribuía hasta 5.600 empleos perdidos en Canarias. La prohibición de los vapeadores desechables, incluida en el anteproyecto de 2025, desapareció del texto de julio. Y el cigarrillo sigue barato: el plan preveía subir su impuesto, pero la reforma fiscal solo fijó un impuesto mínimo único.
La injerencia de la industria se ha normalizado. Por ley, el Comité Consultivo del Comisionado para el Mercado de Tabacos, dependiente de Hacienda, sienta a siete representantes tabaqueros; entre 2023 y 2024 se reunió 27 veces. La Guardia Civil firmó un acuerdo con la Mesa del Tabaco contra el comercio ilícito, y España empeoró en el Índice Global de Interferencia: 60 puntos, uno más que en 2023. Tampoco habrá registro obligatorio de lobbies: el Congreso tumbó en septiembre el decreto-ley que lo regulaba.
En comunidades y ayuntamientos el saldo es desigual. Las playas sin humo pasaron de 641 en 2023 a 897 en 2025, casi siempre por decisión municipal; solo Cantabria las impone por ley, desde 2022. En cambio, el Parlamento de Canarias pidió por unanimidad renunciar al empaquetado neutro, y la Junta de Extremadura alegó contra él y contra prohibir fumar en terrazas. La Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Talayuela arroparon una jornada de la cátedra que Philip Morris financia en la Universidad de Extremadura. Cádiz y Logroño hicieron campañas con Ávora, la entidad de la industria para gestionar colillas.
La sociedad civil ejerció de contrapeso. Nofumadores.org y Action on Smoking and Health (ASH) reunieron a 74 organizaciones para pedir, en aplicación del artículo 5.3 del Convenio Marco, que un organismo independiente gestione las colillas y la industria se limite a financiarlo. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) rechazó la cátedra y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) escribió al rector. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) reclamó más fiscalidad y recuperar el veto a los desechables.
Mientras, los nuevos productos ganan terreno. El uso mensual de cigarrillos electrónicos entre escolares de 14 a 18 años pasó del 14,9% en 2019 al 27,1% en 2025. El tabaquismo diario adulto cayó del 33,1% al 25,8%, aunque neumólogos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) advierten de que podría esconder un auge del tabaco calentado. Hasta el 29 de noviembre el Gobierno conserva plenas facultades: si el dictamen llega a tiempo, aún puede aprobar el decreto de sabores.
El adelanto electoral deja la Ley del Tabaco sin reformar por segunda legislatura seguida. Hubo plan integral e impuesto al vapeo, pero Hacienda bloqueó los sabores y la industria ganó aliados autonómicos y municipales. La sociedad civil sostuvo la presión.
El acuerdo, suscrito el 18 de septiembre por el director general de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón, y la presidenta del CNPT, Noa Rey, busca impulsar la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco y del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027.
El coste total de las actuaciones se estima en 66.300 euros. El Ministerio pondrá un máximo de 36.300, repartidos en tres anualidades (6.050 euros en 2026, 18.150 en 2027 y 12.100 en 2028), que solo se abonarán contra gastos justificados y con informe favorable de una comisión de seguimiento paritaria. El CNPT aportará otros 30.000 euros en horas de su personal técnico y material.
El texto concreta obligaciones medibles. El Comité elaborará al menos dos informes técnicos anuales, atenderá las consultas ministeriales en quince días hábiles, participará en dos estudios conjuntos al año, coordinando uno, y organizará un congreso bianual. Sanidad difundirá como mínimo dos documentos al año en sus canales oficiales, designará un equipo técnico que responderá al CNPT en veinte días hábiles e incluirá al Comité en al menos un proceso de consulta o grupo de trabajo institucional cada año. Lo que se difunda al amparo del convenio se consensuará previamente con el Ministerio cuando proceda.
Sanidad y CNPT sellan una alianza contra el tabaquismo
El Ministerio justifica la alianza en que ninguna otra entidad agrupa mayoritariamente a los profesionales sanitarios que combaten el tabaquismo en España.
En una carta a sus sociedades miembro, Rey calificó la firma como "un gran avance para el CNPT", fruto de "años de trabajo, compromiso y esfuerzo compartido", y destacó que reconoce al Comité como interlocutor fundamental. A su juicio, abre "una nueva etapa de oportunidades y, por supuesto, de responsabilidad y trabajo compartido".
El convenio tendrá una vigencia de dos años, prorrogable por otros dos mediante adenda.
El BOE publicó el 29 de septiembre el convenio por el que Sanidad aportará hasta 36.300 euros al Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), que asume a su vez compromisos cuantificados hasta 2028.
Así financia Europa a las ONG antitabaco
El convenio que Sanidad y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) firmaron el 18 de septiembre llega a contracorriente. Mientras España lo formaliza en el BOE, Bruselas y Helsinki recortan la financiación estructural de las ONG de salud.
El acuerdo español es modesto en cifras y minucioso en obligaciones. Sanidad aportará como máximo 36.300 euros entre 2026 y 2028, y el CNPT pondrá otros 30.000 en horas de trabajo y material. El Comité se compromete a elaborar informes y estudios conjuntos y a organizar un congreso bianual. Cada pago depende de que haya crédito presupuestario y se abona en diciembre, tras justificar el gasto, así que el Comité tendrá que adelantarlo.
Durante una década, la Comisión Europea sostuvo con subvenciones de funcionamiento a redes como la Smoke Free Partnership o la European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP). En estas redes participan varias ONGS españolas, pero solo el CNPT y el ICO participan en ambas. Esas ayudas, unos 9 millones anuales para todas las ONG de salud entre 2022 y 2024, pagaban salarios, alquileres e incidencia política. En 2025, el programa EU4Health las suprimió, pese a que 30 ONG tenían firmados acuerdos marco. Según Agence Europe, los Estados Miembros han rechazado dos borradores del programa de 2026, el segundo con apenas 1,3 millones para ellas. La ENSP pide hoy donaciones.
La Comisión defiende las convocatorias por proyecto, pero el eurodiputado socialista Christophe Clergeau advierte de que así es Bruselas quien decide qué temas trabaja la sociedad civil.
Francia ofrece el modelo más parecido al español, aunque a otra escala. Contre-Feu, que federa a 24 asociaciones antitabaco, declara financiarse íntegramente con dinero público: un convenio trienal de objetivos con la Dirección General de Salud, renovado cada año según indicadores, y aportaciones del Fondo de Lucha contra las Adicciones, alimentado en origen por un gravamen a los distribuidores de tabaco.
Finlandia ilustra el riesgo contrario. Las ayudas estatales a ONG sociosanitarias pasarán de 384 millones de euros en 2024 a unos 190 millones en 2027, y los nuevos criterios dejan sin renovación a las entidades centradas en la incidencia política.
El debate de fondo es la independencia. El Convenio Marco de la OMS considera esencial la participación de la sociedad civil y obliga a proteger las políticas de los intereses de la industria. La financiación pública aleja a las ONG del dinero tabaquero, pero crea otra dependencia. El convenio español prevé que lo que el CNPT difunda en su marco se consensúe antes con Sanidad «cuando así proceda». Su interpretación corresponderá a una comisión paritaria presidida por el Ministerio.
El convenio que Sanidad y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) publicaron en el BOE el 29 de septiembre no es una rareza: Bruselas y varios gobiernos europeos sostienen con dinero público a las ONG de control del tabaco. Lo que cambia de un país a otro es la fórmula, la cuantía y las garantías de independencia.
El Gobierno neerlandés ha publicado la carta, fechada el 6 de octubre, como anexo de un escrito a su Parlamento. La firma su ministra de Sanidad, Sophie Hermans, también en nombre de sus homólogos de Bélgica, Finlandia, Francia, Hungría, Letonia, Eslovenia y España (Mónica García).
Los firmantes celebran que la Comisión revise las directivas de productos del tabaco y de publicidad y piden pasar de un enfoque reactivo a otro preventivo, capaz de anticiparse al mercado.
La petición central es una «congelación del mercado»: que ningún producto nuevo con nicotina o con sustancias de efecto similar, ni los dispositivos para consumirlos, pueda entrar en la UE. Incluiría incluso productos sin nicotina que imiten a los que la contienen, y se lograría vetando como bienes de consumo los productos nicotínicos no regulados por la directiva.
Para restarles atractivo entre la juventud, los ministros reclaman límites estrictos de nicotina, una prohibición amplia de aromas, productos y dispositivos estandarizados y empaquetado neutro, aplicados por igual a todas las categorías para evitar que el consumo salte de unas a otras.
Ocho países, España incluida, piden a Bruselas congelar el mercado de nicotina
La carta considera las bolsas de nicotina una forma de eludir la prohibición del snus, vigente desde 1992 salvo en Suecia, y pide que cada Estado pueda prohibirlas por completo. También reclama vetar la publicidad en todos los canales, incluidos redes sociales e influencers, obligar a las plataformas a retirar ese contenido e impedir que se publique, y prohibir la venta a distancia transfronteriza dentro de la UE.
El texto pide margen para prohibiciones nacionales por motivos ambientales, incluidas normas estrictas sobre vapeadores desechables, exige respetar el artículo 5.3 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y defiende que los Estados puedan ir más allá de los mínimos europeos.
El objetivo es una generación sin humo en 2040 y, finalmente, acabar con la dependencia de la nicotina. En marzo de 2025, doce países, España entre ellos, ya habían urgido a Várhelyi a acelerar la revisión.
Países Bajos, España y otros seis Estados miembros piden en una carta al comisario Várhelyi que la revisión de las directivas del tabaco impida comercializar cualquier nuevo producto con nicotina.
Así financia Europa a las ONG antitabaco
El convenio que Sanidad y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) firmaron el 18 de septiembre llega a contracorriente. Mientras España lo formaliza en el BOE, Bruselas y Helsinki recortan la financiación estructural de las ONG de salud.
El acuerdo español es modesto en cifras y minucioso en obligaciones. Sanidad aportará como máximo 36.300 euros entre 2026 y 2028, y el CNPT pondrá otros 30.000 en horas de trabajo y material. El Comité se compromete a elaborar informes y estudios conjuntos y a organizar un congreso bianual. Cada pago depende de que haya crédito presupuestario y se abona en diciembre, tras justificar el gasto, así que el Comité tendrá que adelantarlo.
Durante una década, la Comisión Europea sostuvo con subvenciones de funcionamiento a redes como la Smoke Free Partnership o la European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP). En estas redes participan varias ONGS españolas, pero solo el CNPT y el ICO participan en ambas. Esas ayudas, unos 9 millones anuales para todas las ONG de salud entre 2022 y 2024, pagaban salarios, alquileres e incidencia política. En 2025, el programa EU4Health las suprimió, pese a que 30 ONG tenían firmados acuerdos marco. Según Agence Europe, los Estados Miembros han rechazado dos borradores del programa de 2026, el segundo con apenas 1,3 millones para ellas. La ENSP pide hoy donaciones.
La Comisión defiende las convocatorias por proyecto, pero el eurodiputado socialista Christophe Clergeau advierte de que así es Bruselas quien decide qué temas trabaja la sociedad civil.
Francia ofrece el modelo más parecido al español, aunque a otra escala. Contre-Feu, que federa a 24 asociaciones antitabaco, declara financiarse íntegramente con dinero público: un convenio trienal de objetivos con la Dirección General de Salud, renovado cada año según indicadores, y aportaciones del Fondo de Lucha contra las Adicciones, alimentado en origen por un gravamen a los distribuidores de tabaco.
Finlandia ilustra el riesgo contrario. Las ayudas estatales a ONG sociosanitarias pasarán de 384 millones de euros en 2024 a unos 190 millones en 2027, y los nuevos criterios dejan sin renovación a las entidades centradas en la incidencia política.
El debate de fondo es la independencia. El Convenio Marco de la OMS considera esencial la participación de la sociedad civil y obliga a proteger las políticas de los intereses de la industria. La financiación pública aleja a las ONG del dinero tabaquero, pero crea otra dependencia. El convenio español prevé que lo que el CNPT difunda en su marco se consensúe antes con Sanidad «cuando así proceda». Su interpretación corresponderá a una comisión paritaria presidida por el Ministerio.
El convenio que Sanidad y el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) publicaron en el BOE el 29 de septiembre no es una rareza: Bruselas y varios gobiernos europeos sostienen con dinero público a las ONG de control del tabaco. Lo que cambia de un país a otro es la fórmula, la cuantía y las garantías de independencia.
Hay personas que recorren el mundo sin dejar nunca de ser de su casa. Eliseo Guallar fue una de ellas. Nació en Zaragoza en 1963, estudió Medicina en su universidad y, con la curiosidad como equipaje, cruzó el Atlántico para formarse en epidemiología: primero un máster en Salud Pública en la Universidad de Minnesota y después, con una beca Fulbright, el doctorado en Harvard.
De vuelta en España trabajó en el Departamento de Epidemiología de la Escuela Nacional de Sanidad, en Madrid. En el año 2000 se incorporó al Welch Center for Prevention, Epidemiology & Clinical Research de la Universidad Johns Hopkins, donde pasó casi un cuarto de siglo como profesor de Epidemiología y Medicina, codirector del programa de doctorado y referente para varias generaciones de investigadores. Desde allí tendió puentes hasta Corea del Sur, donde fundó el Centro de Epidemiología Clínica del Samsung Medical Center y lideró el Kangbuk Samsung Cohort Study. Fue editor adjunto de métodos de Annals of Internal Medicine y presidió un comité de evaluación de los National Institutes of Health. En 2024 asumió la jefatura del Departamento de Epidemiología de la School of Global Public Health de la Universidad de Nueva York.
Su obra, más de quinientos artículos, cambió la manera de mirar la salud cardiovascular. Mostró que niveles de metales que se creían inocuos no lo eran, y sus trabajos sobre suplementos vitamínicos influyeron en los hábitos y actitudes de los consumidores. Pero quien lo conoció sabe que los números no lo explican del todo.
Eliseo Guallar Castillón (Zaragoza, 1963 – Nueva York, 2026)
Eliseo era un apasionado de la epidemiología bien hecha. Le importaban los métodos porque le importaba la verdad, y tenía una mirada crítica que nunca se volvió amarga. Trabajador infatigable y siempre afable, se fue entregando cada vez más a sus estudiantes: les daba las herramientas y luego confiaba en que cada uno encontrara su propio camino. En esta última etapa estaba ilusionado con transmitir a sus alumnos de Nueva York la nueva visión de la inferencia causal y sus técnicas.
Riguroso y generoso a la vez, con visión estratégica y capacidad para cambiar el modo de entender y enseñar los métodos. Y tenía algo que no figura en ningún currículum: con él uno se lo pasaba bien. Se aprendía, se discutía y se disfrutaba. Falleció en Nueva York el 2 de septiembre de 2026. Deja una ciencia más honesta y muchos amigos que seguirán haciéndose las preguntas que él enseñó a formular.
La Defensora del Pueblo Europeo investiga las reuniones ocultas con Philip Morris
En 2025, Esfumatrón contó cómo funcionarios de la Comisión Europea ayudaron a Philip Morris International a buscar impuestos y normas favorables en diez países ajenos a la UE. Los documentos, revelados por The Examination y POLITICO, recogían al menos seis reuniones no declaradas entre septiembre de 2022 y 2024 y gestiones en México y Turquía que la tabacalera calificó de «gran ayuda».
Aquel artículo planteaba si la UE había incumplido el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco. Esa pregunta tiene ahora cauce oficial. La Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, abrió el 18 de agosto una investigación sobre cómo trata con la industria tabacalera la Dirección General de Comercio, DG TRADE. Responde a una queja de Contre-Feu, la organización francesa cuyas solicitudes de acceso a documentos sacaron a la luz aquellas reuniones.
Según la queja, DG TRADE mantuvo contactos regulares, innecesarios y opacos con la industria, capaces de socavar el control del tabaco en países de renta baja y media, en contra del artículo 5.3 del Convenio.
La Comisión entregó a Contre-Feu 59 documentos, buena parte de ellos censurados, sin revelar quiénes asistieron ni el alcance completo de los países afectados. La Defensora pide las versiones íntegras; los equivalentes de 2025 y 2026; la lista de todas las reuniones y llamadas con el sector entre 2023 y 2026; las evaluaciones sobre si eran necesarias, y cualquier documento sobre tabaco o nicotina en los intercambios con esos países. El plazo venció el 18 de septiembre.
Hay un precedente. En 2023, la Defensoría constató mala administración porque la Comisión no garantizaba en todos sus departamentos la transparencia de sus reuniones con lobistas del tabaco ni comprobaba si eran necesarias. Bruselas adoptó después medidas internas; este caso dirá si llegaron a DG TRADE.
Lo que la Comisión califique de confidencial no se compartirá con Contre-Feu sin su permiso, así que la versión sin tachar puede no hacerse pública. La investigación sigue abierta. En 2025, la portavoz comunitaria defendió que aquellas reuniones solo buscaban facilitar el comercio, y no constaba que ninguno de los diez países hubiera cambiado su regulación.
Fuentes
Carta de apertura del caso 1036/2026/AML, Defensora del Pueblo Europeo, 18 de agosto de 2026
Nota de prensa de la Defensora del Pueblo Europeo, 20 de agosto de 2026
Artículo sobre la investigación de la Defensora, The Examination, 27 de agosto de 2026
Funcionarios de la UE ayudan a gigante tabacalero Philip Morris, Esfumatrón 2025, número 10, 12 de diciembre de 2025
Teresa Anjinho investiga los tratos de la Comisión Europea con la industria tabacalera, incluidas las reuniones con Philip Morris que Esfumatrón recogió en 2025, y reclama sin tachaduras los documentos que Bruselas había entregado censurados.
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Ultima actualización: septiembre 2026
